Una denuncia en contra de los ministros de Interior y Justicia,
Néstor Reverol y de Defensa Diego Molero, introdujo en horas de la
mañana el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Walter
Márquez ante la Fiscalía del ministerio Público frente a los atropellos
que han constituido el cierre de la frontera colombo-venezolana.
A través del fiscal superior del Táchira, Eudomar García, Márquez le
solicitó a la fiscal general de la República el enjuiciamiento de ambos
ministros por “delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los
derechos humanos y garantías constitucionales, así como que se les
determinen responsabilidades civiles y administrativas, por ser ellos
quienes ordenaron ilegalmente el cierre fronterizo seis días antes del
proceso electoral del domingo 14 de abril”.
Explicó que ambos representantes del gobierno Nacional no tenían
potestad para emitir esas órdenes porque solo se puede hacer cuando
ocurran “graves circunstancias que afecten la seguridad de la República
que estén debidamente comprobadas”, y después de decretar un estado de
excepción por intermedio del Presidente de la República en Consejo de
Ministros, tal y como lo indican los artículos 336, 337, 338 y 339
de la
Carta Magna. Después debe publicarse en gaceta oficial y notificársele
al Secretario General de la OEA.
“Deben investigar delitos electorales”
El parlamentario solicitó que se investiguen, además, los delitos
electorales cometidos en virtud de que “por mandato del artículo 339 de
la Constitución, en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, así como la Convención Interamericana de Derechos
Humanos y desarrollado por la Ley Orgánica de Estados de Excepción en su
artículo 7 numeral 13, está expresamente prohibido suspender el derecho
al sufragio”.
— De acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales
constituye un delito electoral negarle el acceso al voto y obstaculizar
un proceso electoral a cualquier persona, muchos más en la autoridad del
ministro de Defensa y del Interior. Según el artículo 25 de la
Constitución, son responsables tanto los altos mandos militares y
ministeriales que dieron la orden, como todos los oficiales y el
personal subalterno tanto de la GNB, como de la FAN en su conjunto
quienes ejecutaron esas órdenes— dijo.
Denunció el parlamentario que “fueron detenidos obreros que laboran
en las haciendas de caña en territorio venezolano que limita con la
frontera, siendo que son ellos quienes envían la zafra al Central
Azucarero del estado Táchira (Cazta), bajo pretexto de que por allí se
ingresaba a la región”.
— Es un hecho insólito, porque la presunción de inocencia es una
garantía constitucional. El ciudadano Gobernador alegó que era por
razones de seguridad, pero éstas no pueden pasar por encima de los
tratados internacionales y de la Constitución de la República. Estamos
en presencia de una situación defacto que pudiera constituir ventajismo
electoral—aseveró.
Márquez emplazó al Fiscal General de la República a que designe fiscales especiales que garanticen esos derechos.
Extraido de http://www.lanacion.com.ve/infogeneral/pedimos-enjuciar-a-reverol-y-morelo-ante-la-fiscalia-general-de-la-republica/#
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