Por cuanto el delito de homicidio no es penal militar, ya que por
mandato constitucional las violaciones graves a los derechos humanos
deben ser investigadas en la jurisdicción ordinaria, el diputado Walter
Márquez criticó que los funcionarios implicados en los hechos de Orope,
sean investigados por los tribunales militares, razón por la cual esta
jurisdicción debe declinar y entregar el expediente a un tribunal civil.
En
ese sentido, el diputado Márquez, acompañado por el parlamentario
Norman Labrador, aseguró: “Yo no tengo ninguna duda de que el comandante
de ese operativo, Aquiles Lapadula Sira, debe ser detenido. Hay
detenidos preventivamente, unos tenientes y unos sargentos, pero el
autor intelectual fue el que dio la orden, los otros son autores
materiales”.
Al respecto, el parlamentario exhortó al gobernador
del estado, José Vielma Mora, a que sea vigilante
para que se cumpla la
ley “y no continúe estimulando soluciones represivas en la frontera,
porque allí se tienen que hacer trabajos de inteligencia, trabajos
preventivos y que los grupos que actúen cumplan con el Código de
Conducta para estos casos aprobado por las Naciones Unidas”.
El
parlamentario tachirense destacó que debe respetarse la Convención
Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) para
prevenir y sancionar la tortura, pues acotó que las actuaciones de Orope
ocurrieron al margen de las convenciones internacionales y las normas
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Gobernador avala violación de los derechos humanos”
Por
otra parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, aseguró
que el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, estimula a las
fuerzas militares para que ejecuten acciones en las que se violen los
derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, lo cual
se puso de manifiesto con las críticas que hiciera el mandatario
regional a las protestas que realizaron los habitantes de Orope.
Consideró
Márquez que: “es una irresponsabilidad del gobernador, pedirle a la
población que respete los operativos policiales y militares que violen
la ley, porque es su obligación como primer mandatario regional exigir
que cualquier operación, policial o militar, se haga dentro del marco de
la ley y el respeto a los derechos humanos”.
En ese sentido,
Walter Márquez enfatizó que el gobernador tendrá que releer todo el
marco constitucional y los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, porque a su juicio, lo que ocurrió en Orope, más allá
del lamento presentado por él, amerita de su vigilancia como primer
mandatario regional para que los operativos estén dentro de las leyes de
la República y dentro del Código de Conducta de los funcionarios
públicos encargados de hacer cumplir la ley.
(LS)
Extraido de http://www.lanacion.com.ve/regional/deben-investigar-los-tribunales-ordinarios-a-militares-detenidos-por-sucesos-en-orope/
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