La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Washington) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra), recibieron y admitieron, para estudiarlo, el caso de la Comunidad Morales, que afecta a más de 20 mil familias, en un área superior a las 220 mil hectárea de los municipios Libertador, Uribante, Fernández Feo y Cárdenas del estado Táchira.
La versión fue confirmada, este jueves, por el diputado e historiador Walter Márquez, quien también funge como alto comisionado de los Derechos Humanos en el Táchira.
Dijo el historiador tachirense que, conjuntamente con la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata), presidida por Luis Hernández Guanipa, y la Federación Campesina de Venezuela (FCV), coordinada por el secretario general Pedro Vargas, en el mes de septiembre del 2010 remitieron el caso de la Comunidad Morales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), institución internacional que la admitió bajo el Nº P-1617-10.
Asimismo, indica el diputado Márquez que el 7 de diciembre de este año 2011 consignó ante el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través del embajador Alfredo Missair, en la oficina de la ONU en Caracas, toda la documentación del referido caso, para que sea considerada en el seno de la Oficina de Derechos Humanos de esa institución.
Recordó Márquez que el caso de la Comunidad Morales tiene una larga tradición documental y varias cadenas "titulativas" que se remontan al año de 1657, cuando el juez de Tierras, Diego de Baños y Sotomayor, le otorgó facultades al Cabildo de La Grita para componer o regularizar las tierras de esta zona del Táchira, y, en 1852, el padre Pablo Antonio Morales adquirió de los herederos de Ramón García legalmente estas tierras.
Agrega el historiador que, mediante fraude procesal y una conspiración judicial, el Estado venezolano, a través del Inti y con la participación del Tribunal de Primera Instancia Agraria, el Tribunal Superior Agrario del Táchira, además del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró baldías esas tierras de la Comunidad Morales, las cuales históricamente han sido propiedad privada.
---Ante esta violación de Derechos Humanos, hemos recurrido a instancias internacionales de Derechos Humanos y hemos trazado una hoja de ruta para lograr que este caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, a objeto de que este órgano judicial internacional, ante las graves irregularidades procesales, dicte sentencia a favor de los campesinos, productores agropecuarios y habitantes del sur del estado Táchira, que tienen derecho de propiedad sobre las tierras que han ocupado por muchas generaciones, a lo largo de varios siglos--- destacó.
FUENTE EXTERNA
Augusto Medina
La versión fue confirmada, este jueves, por el diputado e historiador Walter Márquez, quien también funge como alto comisionado de los Derechos Humanos en el Táchira.
Dijo el historiador tachirense que, conjuntamente con la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata), presidida por Luis Hernández Guanipa, y la Federación Campesina de Venezuela (FCV), coordinada por el secretario general Pedro Vargas, en el mes de septiembre del 2010 remitieron el caso de la Comunidad Morales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), institución internacional que la admitió bajo el Nº P-1617-10.
Asimismo, indica el diputado Márquez que el 7 de diciembre de este año 2011 consignó ante el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través del embajador Alfredo Missair, en la oficina de la ONU en Caracas, toda la documentación del referido caso, para que sea considerada en el seno de la Oficina de Derechos Humanos de esa institución.
Recordó Márquez que el caso de la Comunidad Morales tiene una larga tradición documental y varias cadenas "titulativas" que se remontan al año de 1657, cuando el juez de Tierras, Diego de Baños y Sotomayor, le otorgó facultades al Cabildo de La Grita para componer o regularizar las tierras de esta zona del Táchira, y, en 1852, el padre Pablo Antonio Morales adquirió de los herederos de Ramón García legalmente estas tierras.
Agrega el historiador que, mediante fraude procesal y una conspiración judicial, el Estado venezolano, a través del Inti y con la participación del Tribunal de Primera Instancia Agraria, el Tribunal Superior Agrario del Táchira, además del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró baldías esas tierras de la Comunidad Morales, las cuales históricamente han sido propiedad privada.
---Ante esta violación de Derechos Humanos, hemos recurrido a instancias internacionales de Derechos Humanos y hemos trazado una hoja de ruta para lograr que este caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, a objeto de que este órgano judicial internacional, ante las graves irregularidades procesales, dicte sentencia a favor de los campesinos, productores agropecuarios y habitantes del sur del estado Táchira, que tienen derecho de propiedad sobre las tierras que han ocupado por muchas generaciones, a lo largo de varios siglos--- destacó.
FUENTE EXTERNA
Augusto Medina
http://www.lanacion.com.ve/noticias.php?IdArticulo=196067&tit=%22Tramitan%20en%20la%20ONU%20y%20la%20OEA%20el
%20caso%20de%20la%20Comunidad%20Morales%22&Is=28
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